El Gobierno argentino respaldó el Informe realizado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, tras el golpe de Estado que derrocó al exmandatario Evo Morales.

"El Gobierno argentino defiende firmemente la democracia en toda América Latina y, en este sentido, resalta la importancia del Informe publicado el 24 de agosto de 2020 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos, tras el golpe de estado luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia", expresó la Cancillería, en un comunicado.

En dicho informe se registran, "en particular a partir del 10 de noviembre, episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos", en cuyo contexto la Oficina de la Alta Comisionada documentó "diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión", en un escenario de protestas "mayoritariamente pacíficas", en que la policía no cumplió con su deber de protección".

El informe Bachelet releva además "la utilización municiones letales", algo negado por el gobierno de facto de la exsenadora Jeanine Añez, en operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas, el 15 y el 19 de noviembre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con el saldo de 19 muertos.

En su informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia "un patrón de persecución judicial contra autoridades o personas asociadas con el MAS", la fuerza que lidera Evo Morales, con "más de 150 procedimientos penales iniciados contra ex funcionarios de ese Gobierno, por delitos como terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes".

Esos procesos judiciales -según el documento- son "vaga y arbitrariamente aplicados para restringir sus derechos".

Esos procedimientos relevan "violaciones a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, con irregularidades en la notificación de las órdenes judiciales, el arresto de testigos, el hostigamiento, detención y el enjuiciamiento de abogados defensores, debilidad de pruebas respaldatorias y la exposición pública de los detenidos", además de la aplicación de "medidas excepcionales como la detención preventiva", indica el informe.

"Los relevamientos documentados por la Oficina de la Alta Representante ratifican la convicción del Gobierno argentino sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado que siguió a las elecciones del 20 de octubre pasado en Bolivia, al tiempo que renuevan nuestro compromiso por la pronta recuperación de la legitimidad democrática", remarcó la Cancillería en el comunicado.

En este sentido, el Gobierno argentino "insta a las autoridades del Estado a seguir las recomendaciones formuladas por la Alta Representante y exhorta a todos los actores políticos, gubernamentales y sociales en Bolivia a comprometerse en el proceso electoral del 18 de octubre próximo", concluye.