Hace algunos días se dio a conocer una disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación para que quienes integran la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que estén acusados por graves violaciones a los derechos humanos no puedan ser defendidos por abogados o abogadas de las fuerzas.
El Ministerio lo hizo mediante una resolución que es parte del compromiso asumido por parte del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la familia de Ricardo Javier Kaplun, un hombre que murió en 2000 mientras estaba en custodia policial después de haber sufrido una detención arbitraria.
La disposición rige únicamente para las fuerzas federales, pero se conoció luego que un tribunal condenara a prisión perpetua a los tres policías de la Ciudad que asesinaron al joven Lucas González en 2021 y otros seis efectivos –con penas menores– por el encubrimiento del hecho.
Según la resolución, dentro de graves violaciones a los derechos humanos se engloban delitos –o tentativas– como homicidio doloso, homicidio calificado por abuso funcional, lesiones gravísimas, abuso sexual, desaparición forzada de personas, tortura y omisión funcional frente a casos de torturas. También alcanza a aquellos funcionarios o funcionarias que enfrenten cargos por encubrimiento o tentativa de encubrimiento.
La disposición también establece que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal debe dictar un acto administrativo para que cada área de Jurídicos de las fuerzas de seguridad federales presente mensualmente un reporte que dé cuenta de las causas en las que intervienen sus letrados. En caso de inobservancia, debe intervenir la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional.
La disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación tiene su origen en una resolución que es parte del compromiso asumido por parte del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la familia de Ricardo Javier Kaplun, un hombre que murió en 2000 mientras estaba en custodia policial después de haber sufrido una detención arbitraria.
La medida, reclamada por la familia Kaplun desde 2015, es la contracara de la defensa corporativa que, en general, prevalece dentro de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
Para conocer sobre el caso, la resulución ministerial y sus alcances, dialogamos con Moira Kaplún, hermana de Ricardo Javier y militante de Derechos Humanos.
"La Hora Incierta" | Lunes a Viernes de 07.30 a 09.30 | Conducción: Ada Augello| Operación Técnica: Héctor Gabriel Blanco
