Fue en la extensa audiencia de ayer en el marco de la megacausa por delitos de lesa humanidad en la que el representante público de la mayoría de los imputados pidió nuevas absoluciones para ex policías y ex militares involucrados en desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y encubrimientos perpetrados en distintos hechos de 1976 y 1977. De esta manera, el abogado Leonardo Pérez Videla basándose en la supuesta falta de vinculaciones directas y de certezas, deslindó de responsabilidades pese “al oprobio acontecido”, a Paulino Furió, Alcides París Francisca, Juan Carlos Ponce, Miguel Ángel Ponce, Héctor Camargo, Armando Hipólito Guevara, Ricardo Miranda, Carlos Tragant, José Fuertes, Dardo Migno, Ramón Ángel Puebla y Pedro Linares por delitos cometidos en el Liceo Militar General Espejo, en la Compañía de Comunicaciones de Montaña y en la Penitenciaría Provincial con colaboración de las comisarías 13 de Rivadavia y 16 de Las Heras. Para este martes estaba previsto el turno de los abogados particulares, pero fue pospuesto para el próximo lunes debido a que el abogado Ariel Civit tenía otras actividades.
El defensor Pérez Videla y los acusados (de izquierda a derecha) Oscar Bianchi, Armando Guevara, Héctor Camargo y Julio Lapaz.
Entre los argumentos deslizados el lunes por el representante oficial estuvo “el vacío de elementos concretos” en las acusaciones y en la ampliación de calificaciones propuesta por el Ministerio Público; el antecedente del juez Nocetti, que en el juicio anterior falló en disidencia respecto al Tribunal y solicitó penas muy menores o directas absoluciones para todos los acusados; y la reciente sentencia en torno al juicio por el Plan Cóndor, que eximió de responsabilidades a Tragant. Las víctimas y causas analizadas fueron cuatro de las ejecuciones y desapariciones forzadas de abril de 1977 -María Eva Fernández, Manuel Gutiérrez, Juan Manuel Montecino y Pedro Ulderico Ponce-, los secuestros y torturas en distintos centros clandestinos contra militantes de la llamada “Causa Luna” de mediados de 1976; y otras violaciones a los derechos humanos realizadas ese año en Rivadavia, el Liceo Militar, la Compañía de Comunicaciones y la cárcel local. Por último, el Tribunal y las partes establecieron un orden para los alegatos que restan: comenzará Ariel Civit por las causas contra el ex penitenciario Oscar Bianchi; lo sucederá Juan Day, que representa a los ex magistrados Luis Miret y Guillermo Petra Recabarren; retomará Civit la defensa de Otilio Romano y Corina Felman, defensora oficial de otro ex juez, Rolando Carrizo; y cerrarán Omar Venier y Carlos Reig, que representan a tres ex policías.
Defensor Pérez Videla sobre la declaración del ex comisario de la Seccional 16 de Las Heras, Juan Carlos Ponce, la excusa de “las tareas cotidianas” y “el miedo” de los uniformados por “los grupos de tareas y comandos operativos indeterminados”.
Defensor Pérez Videla sobre la “teoría del error”, “el cumplimiento manifiesto de órdenes lícitas” y “la oposición al destino de centro clandestino” del Liceo Militar, en relación a la participación en crímenes atribuidos al ex coronel Tragant, entre ellos la desaparición forzada de Santiago Illa.
Defensor Pérez Videla sobre cómo interpretar testimonios contrastantes acerca del rol del carcelero Pedro Linares en traslados y torturas dentro de la Penitenciaría, su indagatoria de “yo y mis circunstancias”, y la excusa de su juventud y falta de formación para desligarlo de los hechos.
Informe de Sebastián Moro. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.
