Fernando Bravo, defensor del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes, visitó los estudios de Nacional y describió los puntos que la institución que dirige presentó en la audiencia pública que se realizó ayer y donde se discutió el pliego de licitación del transporte público de pasajeros.

En el encuentro la Defensoría manifestó tres modificaciones, la delegación de facultades legislativas, observaciones sobre la autoridad de aplicación y observaciones en materia de transporte sostenible.

En cuanto a la delegación de facultades del poder legislativo al ejecutivo para la administración tarifaria, requirieron que se  "exploren alternativas que expliciten la potestad última y final del Concejo Deliberante de controlar, ratificar o rechazar la actualización que el Poder ejecutivo".

Sobre el organismo de control desde la Defensoría solicitaron que exista un único organismo de control muy fortalecido, incorporando la representación de las asociaciones de usuarios y consumidores.

Además destacaron que se incluya un conjunto de consideraciones sobre la movilidad sostenible y amigable con el ambiente.