Agustina Lloret, quien coordinara del equipo de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que “estamos preocupadísimos por esta Ley Ómnibus que convierte a la protesta social en un delito; es muy grave”.

Dijo además que “modifica tramos muy relevantes del Código Penal”.

-Presentamos un amparo acerca del protocolo (antipiquete) de Patrica Bulrrich (ministra de Seguridad de la Nación). Debe pasar por el Congreso, lo dice la Constitución –agregó Lloret.

También manifestó que de esta manera “se cargan todas las tintas en los manifestantes y en las organizaciones sociales”.

-Acá hay un cambio de rol del Estado: cuando se considera a la protesta social como un derecho, es el Estado el que debe proteger a las personas que hacen la protesta e intervenir entre los que protestan y los que no protestan para, por ejemplo, administrar el tránsito.

Consideró además que el operativo de ayer en la manifestación fue “desproporcionado” y que desde el Gobierno “se tomaron medidas para desalentar las manifestaciones como la amenaza a quitar los planes sociales que son de subsistencia o pasar la factura del operativo a las organizaciones sociales, que es algo insólito. Es a las protestas que a ellos les molestan. Hay una intención de 'no se quejen, no se va a tolerar la queja'".

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