El juez federal Sergio Torres procesó a dos policías y dos manifestantes por su participación en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso el día en el que se trató la reforma previsional impulsada por el Gobierno.

De los cuatro procesados sólo continuará detenido uno de los agentes, miembro de la Policía Federal, porque según el magistrado que entiende en la causa intentó entorpecer la investigación al buscar la complicidad y el silencio de sus compañeros.

El policía que permanecerá detenido es Dante Barisone, un efectivo del Grupo de Operaciones Motorizadas de la PFA que manejaba la moto que el 18 de diciembre pasó por arriba de un cartonero cuando estaba tirado en el piso, al que le generó lesiones en el pecho y una quemadura en la pierna.

La escena de la agresión policial fue reconstruida por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que remitió al juzgado una investigación preliminar que incluía el video del atropello y la declaración del joven atropellado (Alejandro Rosado), quien dijo que ese día ni siquiera participó de la manifestación.

Barisone fue procesado por el delito de "lesiones graves", que se vio agravado por abusar de su autoridad como efectivo la Policía Federal y seguirá detenido por haberle enviado un mensaje de texto a un compañero para que no lo delatara.

Barisone intentó que el policía Alejandro Irarzábal, quien iba sentado detrás del el en la moto que pisó a Rosado, no declarara en su contra para que no lo identificaran. En su declaración, el imputado había dicho que no podía saber si era el el de las imágenes porque se trataba de un policía que llevaba casco.

Torres también dispuso el procesamiento del un policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Alfredo Luna, un efectivo motorizado que fue filmado mientras le tiraba gas pimienta y le pegaba a Juan José Puchet, un jubilado que "no se encontraba llevando a cabo ningún accionar ilícito", según determinó el juez.

Luna fue procesado por abuso de autoridad, dado que para el juez Torres la forma en la que reprimió al jubilado "de ninguna forma se encuentra comprendida dentro de las facultades preventivas ni represivas que posee la fuerza policial".

En el mismo fallo, el magistrado dictó el procesamiento de dos militantes del Partido Obrero (PO), César Arakaki y Dimas Ponce, quienes fueron identificados a través de imágenes que los ubican en torno a una situación de agresión contra un policía de la Ciudad.

Torres sostuvo que Arakaki y Ponce fueron parte de un grupo que atacó al policía Brian Escobar y que le generó lesiones, y los sindica como responsables de los delitos de "atentado contra la autoridad", hecho agravado por haber sido cometido con armas y en grupo.

El juez dispuso que los dos militantes del PO fueran liberados porque no pudo ser probado que hubieran sido ellos quienes le generaron las lesiones al policía que, entre otras cosas, sufrió una irreversible disminución en la audición.

El magistrado, además, le hizo dos pedidos a la Policía de la Ciudad: por un lado, solicitó que se identifique a todos aquellos que participaron de la agresión a Escobar y, por otro, que detecte a los autores de las agresiones contra el periodista deTN Julio Bazán