La Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.

Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, formuló la denuncia penal, que recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo, y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita, en virtud de hechos que "podrían resultar constitutivos del delito de lavado de activos" y evasión tributaria, "sin perjuicio de otras hipótesis delictivas que podrán surgir de la investigación", según dijo en el escrito al que tuvo acceso Télam.

El pedido de investigación alcanzó también a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola.

También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a "toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado 'grupo Rhuo'". La principal firma involucrada es la empresa postal OCA, de la cual siempre se sospechó que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario Farcuh, titular de la firma.

El caso se originó en un "informe de inteligencia" de la Unidad de Información Financiera (UIF) elevado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.

La UIF remitió el mismo informe al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9, Secretaría 17, por su posible vinculación con otra causa (N° 1654/2016 "Plan Obra SA y otros s/ Infracción Ley 24.769"), consignó el escrito. El informe de inteligencia de la UIF analizó "múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios" entre empresas, en parte del "grupo Rhuo", en especial desde 2008, "cuyo origen podría ser ilícito", según la denuncia de la Procelac.

Siempre de acuerdo con la investigación de la UIF, "dichas sociedades registrarían numerosos y llamativos movimientos de fondos entre sí, detectándose incluso que en determinados casos la única fuente de ingresos habría sido una serie de transferencias provenientes de sociedades vinculadas".

La presentación detalló además operaciones atribuidas a cada una de las personas físicas o jurídicas denunciadas, así como su crecimiento patrimonial.

El informe de la UIF señaló que OCA es "la firma más relevante del grupo" y que "se encontraría en una delicada situación financiera y fiscal, a partir de un embargo judicial" solicitado por la AFIP "con motivo de una deuda que registraría con ese organismo, generada por la presunta utilización de impuestos retenidos a terceros para financiarse".