Al aire por la AM 560 hablamos con Lisandro Pellegrini, subsecretario de política criminal de la provincia de Buenos Aires, respecto a las solicitudes llevadas a cabo por personas en contexto de cárcel que han solicitado distintas medidas de libertad en el contexto de la pandemia.

El funcionario, dependiente de la cartera de Justicia provincial, sostuvo que "manejamos el tema con la mayor prudencia posible. Entendemos la preocupación que esto genera en las víctimas y , por eso es importante aclarar, llevar tranquilidad y explicar la situación".

"No hay de ninguna manera una liberación masiva ni un plan por parte del poder provincial para que esto suceda. Hay que desterrar de nuestras cabezas la idea de que se puede implementar un plan de estas características", aclaró Pellegrini. "La detención, las libertades y los modos de detención los deciden los jueces, es materia exclusiva del poder judicial y en eso el gobierno provincial no tiene nada para hacer".

En segundo lugar, continuó "hay una sensación de esta liberación masiva fundada en algunas comunicaciones que se han ido distorsionando. Hay un dato clarísimo. Si tomamos este periodo y lo comparamos con el del año pasado, sin la pandemia y cuando había otro gobierno. la cantidad de gente liberada bajó un 8%. Naturalmente subieron las prisiones domiciliarias. Es una herramienta legal que tiene el juez a mano".

"La sensación distorsiva aparece después de un fallo de la Casación bonaerense. El conjunto de defensores y defensores departamentales de las provincia- son 19- hicieron un habeas corpus colectivo a través del cual le pidieron a ese tribunal que decidieran las prisiones domiciliarias de todas las personas encarceladas de la provincia con alguna enfermedad de riesgo por COVID 19. Esta presentación la hicieron por una instrucción que les hizo su jefe, el procurador general que es jefe de los fiscales, que se llama (Julio) Conte Grand".

En diálogo con esta emisora, Pellegrini comentó que por esta medida, se les solicita a la cartera de justicia el listado de personas en prisión que sufran enfermedades preexistentes que comprometan su salud en el marco de la pandemia.

"Desde el ministerio de justicia, dijimos explicitamente, aunque nuestra opinión no es vinculante, dijimos que para nosotros no había que aplicar la medida a personas imputadas o procesadas por atentados contra la vida, violadores, robos agravados, violencia de género. Pedimos que excluyeran a todas las personas acusadas de delitos con violencia".

Por estas razones, "Casación ordenó en su fallo la detención domiciliaria de 417 personas. Son todas personas enfermas detenidas por delitos leves. De esas detenciones domiciliarias hasta hoy se efectivizaron 130. Estos números no van en línea con la alarma que se genera".

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