“Hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores”. Proponemos que este fue el enunciado mas dicho de la semana. Fue difícil, si no imposible, encontrar un medio que no lo pronuncie. En esta oportunidad, el disparador de la frase fue la tragedia de Laboulaye. Pero volverá a ser dicha cuando ocurra algo igual o parecido. Hay un ejército de periodistas, políticos, también de usuarios de redes del llano, de oyentes de radio agazapados, esperando una oportunidad para practicar un punitivismo que desconoce derechos y garantías; derechos humanos garantizados constitucionalmente.  Conductores de programas, creyendo ser originales o mas profundos, dicen  “cómo puede ser que a los 16 años se tenga derecho a votar Presidente y no la obligación de ser responsable de los delitos que se comete”. Otro de los lugares comunes remanidos de quienes quieren cárceles infantiles. ¿Qué decir cuando un niño mata a otro niño que era su mejor amigo? Proponemos que nada. Cuando ocurre lo que pasó en Laboulaye es momento de escuchar personas que estudiaron psiquiatría, psicología, trabajo social, derecho. En esta oportunidad recurrimos a los saberes profesionales de Roberto Gargarella, uno de los constitucionalistas mas reconocidos del país y de Claudia Cesaroni, abogada especialista en política criminal y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, para decir que el derecho penal debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio, es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. El derecho penal debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Y, agregamos que esto no es “ideología garantista. Esto piensan y dicen constitucionalistas, abogados, abogadas con apego a los derechos y garantías individuales, a los derechos humanos todos  garantizados constitucionalmente.  Esto no es “defender los derechos humanos de los delincuentes y no los de la gente”, como dicen otros barbarismos periodísticos y de la opinión pública convertidos en lugares comunes. Cando aparecen reclamos para bajar la edad de punibilidad, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. Como sociedad y Estado corresponde hacernos estas preguntas ¿Hemos intentado, efectivamente, toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? Hacer estas preguntas no implica "atarle las manos" al Estado, ni negar su facultad de reaccionar frente a los crímenes. Lo que debemos reclamar al Estado es que actúe con energía y rapidez, pero no de cualquier manera con tal de calmar las ansiedades sociales naturalmente desatadas frente a un delito serio. Desarrollamos estas ideas, reiteramos, en base a o dicho y escrito por dos personas de derecho en las cuales confiamos: Roberto Gargarella y Claudia Cesaroni.

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