En un año electoral sectores de la oposición sostienen públicamente discursos que tienen como blanco de ataque a los medios públicos, señalando, principalmente que no son rentables.
“A los medios públicos los cierro”, dijo el diputado y precandidato a presidente Javier Milei. “Los medios públicos transformados en medios de propaganda, no tienen ningún sentido. Sólo hay que mantener radios nacionales de frontera”, dijo a una entrevista radial Hernán Lombardi, exsecretario de medios públicos de la gestión de Macri. Las definiciones de figuras políticas generan incertidumbre sobre la garantía de derechos constitucionales como la libertad de expresión y contra la pluralidad de voces.
“Los medios públicos no trabajan con la lógica del mercado”, sostuvo Damián Loreti, Doctor en Ciencias de la Información y uno de los redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en Nacional Informa. Y destacó que “en ningún lugar del mundo los medios públicos se sostienen sólo con pauta porque protestan los (medios) privados por la captura de mercado en condiciones de preferencia”. A su vez, el académico se refirió a las declaraciones del exsecretario de medios, y explicó que la lógica de la Ley de Radiodifusión de la dictadura (22.285) era concebir al estado en su rol subsidiario en materia de comunicación pública, y no como un derecho humano como la percibe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).
Loreti señaló un listado de tratados internacionales que apuntan garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, como así también relatorías de expertos en la materia que fueron premisas para la redacción de la LSCA. Las mismas señalan que “las regulaciones de la mera competencia no garantiza el pluralismo” y que los estados deben controlar la concentración mediática indebida. En este sentido es que dicha Ley incluye un capítulo que contempla el rol de los medios públicos con una regulación explícita y consistente acorde a los modelos de la época. Y agregó que en la medida que los estados cuenten con una estructura de soportes comunicacionales que garanticen el pluralismo y diversidad “la Corte Interamericana dijo que no es un derecho declarativo, es decir que obliga a los estados a facilitar los medios técnicos para el ejercicio de ese derecho”.
Asimismo, el especialista se refirió a los contenidos que divulgan los medios públicos que no encuentran cauce en el mercado, como la comunicación científica o universitaria. “Estos medios son la garantía de que sectores de la sociedad que no tienen recursos para ingresar por el mercado, puedan hacer oír su voz”.
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