El punitivismo reinante en Córdoba y el país descansa en una cultura política conservadora y en una relación de fuerzas desfavorables para movimientos sociales que ejercen el derecho a la protesta. Estado, partidos, medios de comunicación, corrientes de opinión mayoritarias lo quiere limitar o directamente suprimir, si las circunstancias se lo permiten.

Una hegemonía cultural debiera ser objeto de una crítica política y –en el caso de marchas en el centro de las ciudades- también jurídico-constitucionales. Sobran abogados que alegan en sintonía con el sentido común conquistado por ideologías dominantes. Faltan abogados, abogadas que aporten sus saberes profesionales a las luchas de quienes no ejercen poder en las estructuras institucionales de la sociedad. Faltan pero los hay. Martín Fresneda es uno de ellos. Hicimos uso de un artículo que publicó en el diario La Voz.

Acá fundamenta cuán inconstitucionales son las ideas y proyectos punitivistas. Y cuán legal y legítima es la protesta social. De esto hablamos a propósito los remanidos comentarios públicos que descalifican, en este caso, marchas y cortes de calles realizados en Córdoba por Unidad Piquetera y la Asamblea Interhospitalaria. Son los que se reiteran cada vez problemas en el tránsito son considerados mas relevante que la pobreza y miseria de millones.

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