En diálogo con el Fiscal Federal de Chaco, Diego Vigay, comentó que la Argentina tiene un compromiso internacional asumido a partir de ser parte de convenciones internacionales de derechos Humanos de juzgar todos los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en su territorio, más allá del tiempo en el que se perpetraron, es por eso que se viene llevando adelante un proceso de Juzgamiento de crímenes de Lesa Humanidad de la última dictadura cívica militar, de hechos que han ocurridos desde hace 40 años atrás, y es un proceso que es reconocido a nivel mundial, por lo que significa y por la dimensión que tiene, estamos hablando de prácticamente de mil militares, policías, civiles condenados por Crímenes de Lesa Humanidad, y en ese marco hemos comenzado a investigar desde el año 2014 lo que fue la La Masacre de Napalpí en el Chaco, ocurrido en el año 1924, de la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios qom y moqoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales.

El 19 de julio de 1924 ocurrió en el entonces Territorio Nacional de Chaco, la masacre de Napalpí, la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios qom y moqoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales

Ese año, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, prohibió a la comunidad de Napalpí, formada en su mayoría miembros de los pueblos originarios qom y moqoit, emigrar más allá de sus límites territoriales. La zona era una gran productora de algodón, pero en sus rancherías o estancias agrícolas se hacía trabajar a los indígenas en condiciones de esclavitud. Como mecanismo de defensa, el colectivo originario se declaró en huelga, y organizó una marcha hacia los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. A los algodoneros, y Centeno, no les convenía está manifestación, y no pretendían permitir el crecimiento de esta lucha que, a la larga, podía implicar la pérdida de mano de obra.

En reducción aborigen de Napalpí nombre que se daba en la Argentina de entonces a las zonas donde se confinaba a los pueblos originarios se agravó el malestar prevaleciente. Las condiciones de higiene y alimentación eran pésimas, y a ellas se sumaba el trabajo forzado y la represión constante de los indígenas. Nada extraño o injusto había en las dignas peticiones de la comunidad sometida mejores condiciones de vida y, sobre todo, un mejor trato por parte las autoridades, pero se enfrentaba al racismo y clasismo de una sociedad con arraigo colonial.

Así, a partir de estas protestas la prensa mostró su complicidad con el Estado con artículos donde se difamaba y denigraba la rebelión, y a los líderes de los pueblos qom y moqoit. El discurso del “salvaje” volvió a presentarse en el imaginario social, justificando el accionar represivo en defensa de los chaqueños, de los colonos y dueños de las plantaciones. La prensa local, y la de Buenos Aires, se plagó de discurso xenófobos mientras se preparaba el terreno para la masacre.

El 19 de julio de 1924, un avión biplano Curtiss JN-90 sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos: cuando los indígenas salieron a recogerlos, un centenar de policías chaqueños y colonos terratenientes dispararon y remataron con machetes a familias enteras por haberse negado a seguir trabajando el algodón a cambio de algo de ropa y vales que no podían convertirse en dinero.Masacraron a centenares, las cifras varían de 400 a 700. Se descargaron más de 5 000 balas. A los hombres se los mutiló, o se les decapitó, a veces para colgar luego su cuerpo degollado, o se les empaló. A quienes lograron huir se les persiguió por la serranía, no se pretendía dejar testigos. Sólo lograron sobrevivir cerca de cuarenta niños, y unos quince adultos. Los cadáveres masacrados fueron enterrados en fosas comunes.

En septiembre de ese año, el tema llegó a la Cámara de Diputados. La discusión duró un mes, una sesión por semana. En una de ellas, el diputado socialista Francisco Pérez Leirós denunció que la cacería de indígenas duró varios días, pues al parecer los criminales se habían propuesto “eliminar a todos los presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos” . En cuanto al poder judicial, habló de sublevación: así aparece en la carátula del expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de Resistencia, la ciudad más cercana: Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí. El contenido de este documento es una investigación realizada al poco tiempo y de prisa, donde sólo está la versión policial de lo ocurrido. Impera en ella la mentira alrededor de una una serie de acciones de bandidaje, abigeato, ataques a colonos de la zona, enfrentamientos con la policía, y demás, por parte de la comunidad de Napalpí. Todo con el fin de justificar, sin permitir alternativa, las acciones de policías y civiles

Los culpables de la masacre jamás pensaron que algún testigo se atreviera a hablar, pero sucedió. Noventa y cinco años más tarde, una mujer ha narrado los hechos. Su nombre, Rosa Grillo, centenaria, se salvó con su madre, pero vio morir a su padre. La encontró Juan Chico: historiador nacido en Napalpí, y creador de la Fundación Napalpí, ha seguido por años las huellas del exterminio. Desde 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía federal de Chaco investiga la masacre como crimen de lesa humanidad, bajo el fiscal Diego Vigay. En este contexto, Rosa Grillo puede ser la persona que logre, finalmente, ayude a sacar del olvido a la masacre del 19 de julio de 1924, encaminado el caso por la vía de la rendición de cuentas por parte del Estado, la verdad, la justicia y la reparación para su pueblo