El gobierno de Santa Fé decretó la intervención del puerto de Reconquista que estaba concesionado al Grupo Vicentin . El gobernador Omar Perotti recibió un informe del Ente Portuario en el que se especifican diversas irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal.

Para conocer detalles de esa medida, Patricia Leguiza de Radio Nacional Resistencia, dialogó con Matilde Bruera, diputada provincial por el partido Justicialista: “hasta el momento sabemos lo que trascendió a través de los fundamentos del decreto de intervención. El puerto estaba concesionado a Vicentin y se detectó que está inactivo desde el 2004, a pesar que tiene la obligación de realizar actividad comercial, como también movimientos de barcos no registrados y que se lo estaría usando para actividades privadas”, indicó.

La legisladora recordó que ya había presentado un pedido de informes sobre el desempeño de cuatro puertos, y por lo que surge de este nuevo informe, se advierten nuevas irregularidades: “por eso considero muy beneficioso la decisión del gobernador de intervenirlo. Todo esto suma a la investigación de las actividades ilícitas de Vicentin y que toda esta crisis es una situación autoprovocada con acciones ilegitimas”, afirmó.

Bruera señaló el descontrol estatal en los cuatro años de la anterior presidencia y que las autoridades del puerto, que finalizaron su gestión en el 2019, no presentaron ningún informe de gestión. También hizo mención a los fondos que Vicentin recibió del Banco Nación y a los montos percibidos por la venta de una de sus empresas.

“Esperamos la prosecución de las investigaciones y e incluso creo que habrá que hacerlo desde el fuero penal, porque Prefectura verificó diferentes actividades que no son las comerciales propias del puerto” indicó la diputada, y agregó: “en el mejor de los casos se verificaría que el puerto está inactivo, porque además se sospecha que hubo actividades en negro. La intervención del Estado es fundamental para investigar y esclarecer esta situación”, finalizó.