La directora ejecutiva del CELS destacó que la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

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Paula Litvachky señaló que se desconoce "por qué y para qué la Ciudad pidió datos biométricos de 7,5 millones de personas" y dijo que "está en juego la privacidad de la ciudadanía".

En ese sentido, advirtió que "no hubo ningún control" sobre la implementación del sistema aprobado por la Legislatura porteña.

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