Se trata del proyecto de la empresa TGLT que, con el permiso del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pretende construir en media manzana de Avenida Caseros entre Bolívar y Perú, pleno Casco Histórico porteño, un edificio de casi 30 metros de altura. El integrante de la ONG Basta de Demoler se refirió al reciente nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra dicha construcción en el barrio de San Telmo.

Mauro Sbarbati explicó que “la obra esta frenada porque varias organizaciones y vecinos de San Telmo recurrieron a la justicia” dado que “el permiso de construcción de la torre era de hasta 30 metros” cuando lo permitido “es de 22 sobre Caseros y 13 sobre Bolívar”.

Advirtió que “el interés inmobiliario está trabajando todo el tiempo” en la Ciudad de Buenos Aires, y que “nadie está diciendo que no se construya sino respetar una altura moderada y conservar el patrimonio arquitectónico”.

El referente de la ONG Basta de Demoler señaló que “no es una ciudad agradable la que se pretende” y celebró que el planteo realizado “haya llegado al Tribunal Superior de Justicia”.

El año pasado, el Tribunal ya había ratificado la nulidad del permiso de obra otorgado por el Gobierno porteño a la empresa constructora, y ahora rechazó el recurso extraordinario con el que pretendían llegar directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En 2018, vecinas y vecinos junto a las organizaciones Basta de Demoler (BdD) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) impulsaron una acción de amparo y el juez de primera instancia, Pablo César Mantaras, declaró la ilegalidad de la obra, lo que fue ratificado en agosto de 2020 por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.

La resolución de Cámara a su vez instaba a la empresa a readecuar el proyecto a la normativa correspondiente, lo que también quedó firme con el rechazo del TSJ a los recursos.

En julio de 2022, el TSJ dejó firmes los fallos anteriores al rechazar un recurso de queja interpuesto por la empresa y el GCBA.

Esto significa que las tres instancias de la Justicia porteña ya ratificaron el fallo que ordena adecuar el proyecto original, que estipulaba una altura de casi 30 metros, a lo establecido para la zona por el Código de Planeamiento Urbano (CPU), luego reemplazado por el Código Urbanístico de 2018 que permite en el caso de Caseros 22 metros y en el de Bolívar, 13.

Lo que denuncian vecinas, vecinos y las organizaciones es que, antes de la implementación del mecanismo de los "convenios urbanísticos", desde la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) se autorizaron emprendimientos inmobiliarios por fuera de lo fijado por el Código "con el único objetivo de permitir una mayor capacidad constructiva en los inmuebles".

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