Esta semana se conoció el caso de Mirtha Carreras, una vecina del paraje Las Chacras en San Francisco, que denunció a funcionarios municipales, e incluso al propio intendente, por usurpar y vender terrenos.
Según había contando Carreras en Radio Nacional San Luis, el intendente Juan Carlos Eduardo conjuntamente funcionarios del municipio y el Concejo Deliberante, aprobaron una resolución poco clara, para poder apropiarse de las tierras. Pero esa resolución no sería una orden de expropiación, puesto que los registros indican que los campos aún continúan bajo el nombre de la vecina.
A raíz de la denuncia, jefe comunal desmintió a la mujer y aseguró que la denuncia es "totalmente falsa".
En el comunicado que emitió la cuenta de Facebook institucional del municipio se explica que "el terreno en cuestión fue cedido al Municipio por su poseedor por más de 20 años, Sr. Julio Carreras, para su escrituración a través de la Ley 24.320 en vigencia, que faculta a los municipios y al Gobierno Provincial a escriturar con fines de utilidad pública y sociales". De está manera, Julio Carreras se habría comprometido, según la versión del intendente, en donar al municipio 5 mil metros cuadrados que actualmente estarían en poder del ejecutivo.
Sin embargo, a pesar del comunicado oficial donde desmienten las irregularidades que envuelven a Eduardo y a otros funcionarios de San Francisco, se conoció un nuevo caso similar, donde otro vecino denuncia practicas similares.
Miguel Lareu, oriundo de la provincia de Buenos Aires y propietario de tierras en la zona de San Francisco, contó en Dale Que Va que en el 2007 heredó campos de su abuela que poseían algunas deudas impositivas. Según contó Larreu, se comunicaron con el desde el Municipio ofreciéndole blanquear las deudas "a cambio de porcentajes de terreno".
Lareu denuncia por "persecución personal" al jefe de catastro de la municipalidad, Alfredo Camargo, quien aparentemente lo estaría siguiendo para quedarse con sus tierras.
El propietario damnificado, manifestó su preocupación por una supuesta asociación ilícita, donde estarían involucrados varios funcionarios locales, un agrimensor, una inmobiliaria y efectivos de la Policía provincial.
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