El Senador provincial de Libres del Sur, integrante del Frente Cambia Mendoza hizo pública su opinión respecto de la imposibilidad momentánea de avanzar en el proyecto de reforma de la Corte.

El legislador hizo público un documento que ha titulado “Primero la justicia, después los nombres”, tema del que habló con LV4

“Primero la justicia, después los nombres”

Es inadmisible que no podamos avanzar en reformar la Corte por la reticencia a los cambios de un sector del Partido Demócrata, encabezado por Carlos Balter. Esta actitud parece ser más una jugada de chantaje para imponerle un Supremo al gobernador, que una oposición al proyecto con argumentos reales. Algo que de ninguna manera podemos permitir, ya que la atribución para nombrar a los miembros de la Suprema Corte es del gobernador, por mandato constitucional. La reforma judicial y el combate a la inseguridad han sido dos de las políticas más importantes del gobierno provincial. Fueron parte de nuestras propuestas centrales de la plataforma de Cambia Mendoza en 2015. El poder ejecutivo ha enviado en 24 meses más de 20 proyectos a la Legislatura, los cuales han sido modificados en parte en algunos casos o se le incorporaron consideraciones de varios legisladores. Así logramos cambiar por ejemplo el código procesal penal, modificando la prisión preventiva para evitar la puerta giratoria y agilizar las causas penales. También la ley de ejecución penal que incorpora el trabajo y estudio como deber de los condenados, disminuyendo sensiblemente la violencia dentro de los penales. La reforma al Ministerio Público creó las fiscalías especializadas, como la de Género, que ha logrado que muchas mujeres hoy estén más seguras porque sus agresores están tras las rejas. Todas ellas han mejorado de forma sustancial la administración de justicia, incorporando certidumbre, agilidad y efectividad en los procesos. La Sala Segunda de la Corte se encuentra sobrecargada de trabajo, con un ingreso, en lo que va del 2017 de más de 1.241 causas. La reforma crea una nueva sala, separando las competencias en dos: una penal y otra laboral. Esto mejoraría sustancialmente los tiempos de los procesos. También prevé la obligación de todas las Salas de la Corte de publicar las sentencias y las acordadas, lo que se encuentra a tono con nuestro proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa. Por todo lo expuesto creemos que no puede ser más importante poner por delante los intereses personales de algún dirigente en su afán de nombrar a un magistrado amigo, que continuar mejorando la administración de Justicia para todos los mendocinos.

Ernesto Mancinelli Senador Provincial de Libres del Sur – Cambia Mendoza