Argentina se mantiene firme en aplicar un peaje a las barcazas que transitan por la hidrovía, pese a la negativa del resto de los países que la integran. Paraguay advierte sobre la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional para conseguir la marcha atrás de Argentina.

Desde principios de año se discute sobre el tributo a la navegación que cobra Argentina. El peaje aplica en un tramo del Río Paraná, comprendido entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el Río Paraguay y es de US$ 1,47 por tonelada de registro neto a todas las barcazas que lo transitan.

Fue impuesto por el Ministerio de Transporte de Argentina mediante una resolución del 29 de diciembre de 2022 y comenzó a regir desde el 1º de enero de este año.

Paraguay es uno de los principales afectados, ya que la mayoría de sus exportaciones llegan en tránsito hasta Montevideo (utilizando la hidrovía) para ser embarcadas en buques de ultramar hasta su destino final.

El viernes 23 de este mes se realizó una nueva reunión de la Comisión de Acuerdo de la Hidrovía Paraguay – Paraná, de la que participaron las delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Allí, las cuatro delegaciones mostraron el resultado de un análisis realizado sobre la información técnica que había presentado Argentina

El acta de la comisión indica que coincidieron en que la documentación presentada por Argentina “es insuficiente para demostrar la ejecución efectiva de intervenciones requeridas o servicios efectivamente prestados para la navegación segura” que justifiquen el cobro de una tasa retributiva en la hidrovía.

En la reunión, las cuatro delegaciones reiteraron la “grave preocupación por el peaje establecido unilateralmente por Argentina al margen del acervo normativo de la hidrovía y la afectación ocasionada a los usuarios de la vía navegable con repercusiones considerables en la economía y el comercio exterior de los países”.

Luego acordaron dar por concluido el tratamiento del cobro del peaje en la agenda de la Comisión del Acuerdo y reiteraron a que se debe suspender la medida.

Argentina contestó que desde 2010 debió hacerse cargo de trabajos de dragados y de servicios a la navegación que tuvieron un costo aproximado de US$ 30 millones.

Argumentó que la tarifa aplicada no incluye conceptos de amortización, sino responde a la necesidad de cubrir los costos de mantenimiento de los servicios actuales.

Las otras delegaciones acordaron que el tema se traslade al Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), un ámbito de decisión política dentro del organismo.

Fuente: El Observador, Uruguay