El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dictará sentencia el próximo martes en el juicio por delitos de lesa humanidad de la causa "Saint Amant III", que tiene a cuatro militares (RE) y un expolicía como imputados y la fiscalía solicitó en su alegato que en las condenas se tenga en cuenta "la violencia sexual sufrida por las mujeres" que figuran como víctimas en esta causa.

Informe: Celeste del Bianco

La sentencia del juicio iniciado en junio de 2019 será leída el martes, a las 10, por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Moisés Vásquez y Germán Sutter Schneider, indicaron fuentes judiciales.

El proceso analizó los delitos de homicidio, secuestros, tormentos y abuso sexual cometidos entre 1976 y 1977 contra medio centenar de víctimas de la represión ilegal de la última dictadura en los partidos bonaerenses San Nicolás, Pergamino, Ramallo y San Pedro, jurisdicción del Área Militar 132 del Ejército.

El jefe de la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, pidió prisión perpetua para el entonces jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, Antonio Federico Bossié; los entonces capitanes Guillermo Aníbal Piccioni y Bernardo Luis Landa; y el ex jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, Omar Andrada.

Además, solicitó la pena de 4 años y 6 meses de prisión para el expolicía bonaerense Oscar Alberto Rodríguez, acusado de un secuestro, un caso de falsedad ideológica y dos hechos de falso testimonio.

Bossié y Piccioni están acusados, además de por casos de homicidios, numerosos secuestros y torturas, por un hecho de abuso sexual de una mujer privada ilegalmente de la libertad.

"Lo hicieron por el rol funcional que tenían como jefes, no en forma personal", explicó Villate. Planteamos además que se considere que los tormentos que sufrió esta mujer, sean considerados también como abuso sexual", señaló Villate a Télam.

El alegato de la Fiscalía puso especial énfasis en la violencia sufridas por las detenidas por su condición de mujeres.

El fiscal adjunto, Juan Patricio Murray, señaló que durante el debate "surgieron distintas formas de violencia contra las secuestradas".

"Una fue víctima de violación, otras fueron manoseadas y abusadas, sufrieron golpes y torturas con particular ensañamiento en senos, en vagina", enumeró Murray.

También planteó al Tribunal que "recibieron insultos o burlas vinculadas a su sexualidad" y fueron "privadas de elementos higiénicos para las menstruaciones o impedidas de higienizarse durante las mismas", así como "amenazas de sufrir violencias sexuales y afirmaciones respecto a que eran malas madres debido a sus militancias".

El fiscal solicitó que "se destaque en la sentencia la violencia sexual sufrida por las mujeres en general y la víctima particular, y se deje constancia de los sufrimientos en el caso de esas violencias para que quede inscripto en la sentencia el especial ensañamiento con ellas con el objeto de disciplinarlas particularmente".

Por su parte, Villate destacó otro elemento novedoso que puede tener la sentencia que se conocerá el martes.

Los imputados Piccioni y Landa, que integraban la plana mayor de unidad del Ejército por debajo de la comandancia, eran jefes de Personal y Logística respectivamente.

"Siempre se ha dicho que la responsabilidad (por los delitos de lesa humanidad) era del jefe de Inteligencia, porque era quien reunía la información para definir los blancos", dijo el fiscal.

"Si logramos una condena, tenemos el primer antecedente en el interior de que se condene a jefes de Personal y Logística", agregó.

Con ese fin, Villate argumentó ante el Tribunal 1 que el jefe de Personal es "el que aporta los recursos humanos para que se ejecuten las operaciones" y tenía a su cargo "lo que ellos llamaban los Lugar de Reunión de Detenidos Subversivos, que eran los centros clandestinos de detención".

Mientras que el jefe de Logística, para el fiscal, "es que el provee los materiales para que se ejecuten las operaciones".

El juicio cuyo sentencia se conocerá el martes es la tercera parte de una investigación por la que en tramos anteriores fueron condenados otros integrantes de las fuerzas militares que respondían a las órdenes del ex jefe del Área Militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, quien recibió prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y falleció en 2016.