El defensor oficial de la Justicia Federal en Salta, Martín Bomba Royo, tras referirse a la situación que vivió Claudia Se, quien pudo estar con su hijo que padecía cáncer, seis días antes que el chico falleciera.

El caso de la mujer expuso nuevamente la situación de mujeres extranjeras que ante la situación de vulnerabilidad con la que conviven cotidianamente suelen cometer estos delitos que las dejan presas en Argentina lejos de sus lugares de origen. La consecuencia es la cantidad de chicos menores de edad que quedan en estado de abandono y vulnerabilidad, dado que su madre era la jefa de hogar, y el padre se encuentra ausente.

Ante ello, el letrado sostuvo que es más que importante que los gobiernos de Argentina y de Bolivia puedan formalizar convenios en los cuáles confirmen con documentación oficial la situación en la que se encuentran las familias de estas mujeres presas en Argentina. Esa necesidad se basa en que muchas veces los jueces no pueden acreditar las situaciones de vulnerabilidad y, por lo tanto, morigerar las penas que en el caso de transporte de estupefacientes, son entre 4 y 15 años.