A partir de la desafectación de dos trabajadoras de la línea 137 de asistencia a víctimas de violencia de género, las trabajadoras denunciaron públicamente “violencia institucional” por otro lado organizaciones feministas cuestionan la policialización del programa.

Sobre estas cuestiones respondió la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Myriam Duarte, quien contó que habían convocado a reuniones para debatir planteos laborales pero que “una reunión colectiva significa que 50 personas estemos en un mismo lugar, le propusimos reuniones fraccionadas y dijeron que no”.

Señaló que “el funcionamiento político y responsabilidad sobre la línea 137 es de la subsecretaria de relaciones con la comunidad, pero desde el punto de vista laboral y administrativo responde a la Policía de la Provincia y a su vez a la Subsecretaria de Seguridad y Justicia” a lo que añadió “hay una zona muy gris en la cual las responsabilidades sociales y políticas son mías, pero todo lo demás no depende de mí”.

Los ingresos al programa se realizan a través de la policía aunque ya se planteó poder modificar las contrataciones y obtener recursos de nación. Esto trajo aparejado diferencias conceptuales en que afectaron la asistencia. “Hubo situaciones en las cuales, lo que hicimos tomar puntos clave o falencias trabajar en capacitaciones. Uno de los aspectos es cuál es el concepto de género cuando las personas violentadas pertenecen a algún sector de la diversidad sexual”, relató Duarte y afirmó que “siendo profesionales trabajando en la temática tenemos que tener capacitación al respecto. La conducción a nivel nacional había tomado la decisión de apoyar y respaldar político e institucional que se vieron limitadas a partir de la pandemia”.