María Verónica Gutiérrez y María Ruth Huechucura fueron condenadas a dos años de prisión -de ejecución condicional- e inabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por fraude en perjuicio de la administración pública.

La defensa adelantó que impugnará esta declaración de responsabilidad, la cual será estudiada por el Tribunal de Impugnación. Las ex empleadas son penalmente responsables pero mantienen, al día de hoy, un estado jurídico de inocencia hasta tanto no se declare "firme" la sentencia.

La jueza penal Carolina González dijo que "lo que tuvimos en cuenta es que la figura misma del fraude en perjuicio de la administración pública tiende no sólo a proteger el patrimonio público sino también la imagen, porque uno de los agravantes solicitados por el fiscal fue que el develamiento de este delito repercutió en una mala imagen del EAMSeP frente a la sociedad zapalina, y esto es algo que todos los delitos contra la administración lo tienen en cuenta. Yo digo que en los delitos de este tipo la ética y la estética van juntas, es decir, la forma de comportarse y el cómo te ve la gente tiene que coincidir, hay que ser honesto y parecerlo".

Había un "ámbito propicio"

La jueza explicó que la declaración de responsabilidad describió una situación especial que manifestó la falta de controles por parte del EAMSeP respecto de fondos públicos. "Había una gran fragilidad que permitía imputar ingresos o egresos sin ningún tipo de control".

"Se daba en este ente público un ámbito propicio para apropiarse de lo ajeno sin ser detectada esta maniobra, por eso, al momento de graduar la pena hay una cuestión que se puede tener en cuenta que es la cierta responsabilidad de la víctima que descuidó sus propios intereses", agregó la magistrada.

Foto: Marcelo Mercado