La iniciativa busca compensar la carga que les genera a los sistemas de servicios públicos o de carreteras los desarrollos urbanísticos.

Este fondo de infraestructura urbana se nutriría de una "tasa de impacto" que deberían pagar, por única vez, los nuevos emprendimientos inmobiliarios y que se destinaría a la realización de todas aquellas obras que permitan que la ciudad pueda crecer sin poner en jaque a sus servicios públicos.

La propuesta fue presentada por el defensor del Pueblo y el Ambiente, Fernando Bravo durante la Audiencia Pública que se llevó a cabo para analizar los ordenadores urbanísticos de un futuro desarrollo urbano sobre la ruta 62 en la zona de Lago Lolog.

Bravo remarcó la necesidad de la aplicación de este tipo de tasas para financiar obras necesarias ante el crecimiento poblacional como son el tratamiento de efluentes, la provisión de agua potable o el mejoramiento y mantenimiento de las rutas.

Describió experiencias como las que se vivieron en algunos municipios de los Estados Unidos durante la década de los 80 donde se aplicaron tasas similares ante la falta de aportes del gobierno nacional de aquel momento.

En diálogo con Radio Nacional, Bravo afirmó que mandó la iniciativa al cuerpo legislativo pero aún ningún concejal se comunicó con el.