En diálogo con Silvia Villavicencio de Radio Nacional Resistencia, Marcelo Ruesta vocal del Consejo Directivo Provincial de ATE Chaco y trabajador de la agricultura familiar se refirió a la orden de desalojo emanada de la justicia contra cinco familias campesinas de la zona de Campo Rossi, jurisdicción de Margarita Belén: “estas familias con un total de 24 personas el predio desde hace 40 años. Consideramos que en el fallo de la jueza hay discriminación y prejuicios y niega los derechos de esas personas productoras de alimentos que benefician a cientos de familias de la zona. La orden intima al desalojo y nosotros planteamos que el fallo se basa en actos discriminatorios y pretendemos que con otras medidas, los otros poderes expropien esos terrenos y se les otorgue a las familias, este pedido ya tiene dictamen favorable en la Comisión de tierras y esperamos que se trate en la sesión de este miércoles”, señaló.

Ruesta indicó: “queremos una discusión que vaya más allá de la propiedad de la tierra, que se la considere en su dimensión social, analizar para qué se la quiere, si para la producción o para hacer casas de fin de semana. Creemos que con el desalojo no se está haciendo justicia porque no se amplían derechos, sino que se los acota. En el fallo, la jueza basa su dictamen en los dichos de los demandados, más específicamente en uno de ellos, y se basa en informes hechos por agentes de otros organismos que dan validez a esas expresiones”.