El Gobierno porteño decidió no acatar un fallo de la Justicia federal y resolvió que "el miércoles hay clases" presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras espera la disposición de fondo que adopte la Corte Suprema nacional.

La decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta sobrevino a la resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Emilio Furnari, quien ordenó al distrito porteño que suspenda la concurrencia y la permanencia de los alumnos en las aulas.

"Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúan con clases presenciales", afirmó la administración porteña en un comunicado difundido pasadas las 22.

En ese marco, el gobierno porteño afirma que "corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad (en lo Contencioso Administrativo y Tributario) hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Por ello reiteraron que "el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy".

La decisión, en tanto, fue tomada "con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad", se indicó.

La determinación fue comunicada desde la sede del Ejecutivo porteño, en el barrio de Parque Patricios, donde Rodríguez Larreta reunió a parte de su gabinete de ministros y a representantes de la Procuración de la Ciudad para analizar los pasos a seguir.

El anuncio del Gobierno local surgió después de conocerse el fallo federal que dejó sin efecto la medida cautelar dictaminada por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña en favor de la presencialidad en las escuelas tras un reclamo que hicieron padres y madres de alumnos ante el cierre de los establecimientos.

La decisión de suspender por dos semanas la concurrencia a los establecimientos educativos en el Área Metropolitana, a partir del lunes 19, fue dispuesta a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional como parte de las medidas destinadas a contener la segunda ola de contagios de coronavirus.

Sin embargo, el Poder Judicial porteño habilitó la presencialidad el domingo, y el lunes, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria de la medida y que se mantenga la aplicación del DNU.

Hoy, el juzgado federal declaró la incompetencia de la Justicia porteña y envió el expediente a la Corte Suprema para que dirima la cuestión.