Así lo explicó esta mañana a Radio Nacional Mendoza Isabel Del Pópolo, de AMPROS, la organización que integra a profesionales de la salud, y tiene que ver con que la Suprema Corte de Justicia Provincial hizo lugar a una medida de inconstitucionalidad presentada tras el decreto de febrero de este año por el cual se suspendió hasta el 31 de diciembre la bonificación contemplada por ley nacional a trabajadores de la salud en relación con el Estado. El conflicto amenaza con extenderse dado que desde el gobierno evalúan extender la suspensión durante el 2017, en tanto que la provisoria resolución judicial lo obliga a calcular el monto total de lo adeudado a cada uno de los profesionales. “Nos han hecho cargo a nosotros de los déficits en salud”, señaló Del Pópolo, que además se refirió a la carencia de recursos humanos y otras limitaciones acerca de los organismos estatales que deben velar por la integridad y los derechos de las niñas y los niños en situación de abuso y vulnerabilidad.