El decreto de necesidad y urgencia 70/23 que entra en vigencia a partir de hoy también generó el rechazo de los pueblos indígenas de Salta. El reclamo oficial vino de parte de las autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que manifestaron que la derogación de la Ley de Tierras N° 26.737 “es directamente un remate del territorio provincial”.

Al momento del relevamiento realizado en 2012, Salta era una de las provincias con mayor porcentaje de tierras (más del 10 por ciento) en manos de extranjeros. Con la Ley que a partir de hoy quedaría derogada, se ponía el límite del 15 por ciento del total de tierras rurales en manos de extranjeros.

El organismo emitió un comunicado ayer en el que resaltó que “por la deuda histórica que mantiene el Estado con los Pueblos Indígenas, en cuanto a la aprobación de la Ley de Propiedad Comunitaria”, es necesario “que nos garantice la seguridad jurídica de los territorios que poseemos desde tiempos inmemorables (muchos de ellos relevados mediante la Ley N° 26160)”.

El IPPIS sostuvo que la derogación de la Ley de Tierras “implica una invitación a los inversores inmobiliarios extranjeros a hacer negociados con los titulares registrales y por consiguiente afectar las posesiones de nuestros territorios comunitarios. Siendo la provincia de Salta una de las más extranjerizadas del país, esta medida es directamente un remate del territorio provincial”, aseguró.

INFORME: Sandra Ceballos - AREA DE PUEBLOS INDIGENAS

WEB: Josefina Adrover

EMISORA: LRA1