La experiencia dicta que a la hora de llegar a ocupar un puesto en la magistratura, los empleados judiciales, que a la vez son abogados, tienen mayores posibilidades para ser titulares de un juzgado, lo que se pretende revertir.

Marcelo D’Agostino, subsecretario de justicia de Mendoza comentó que “aproximadamente, el 98% de las ternas que llegan al Gobernador para que él elija a una de esas personas que están ternadas a los efectos de enviar ese pliego al senado, corresponden a abogados que están trabajando dentro del ámbito del poder judicial, ya sea como funcionarios o como magistrados que quieren ascender.”

Esta situación que consideran genuina a la vez demuestra que los abogados “de la calle” no acceden a la magistratura. Desde el ministerio entienden que deben equiparar “esta situación porque la visión del abogado de la calle que ingresa a la magistratura, es muy importante -evaluó D’Agostino-  porque entendemos vienen a enriquecer el perfil del magistrado por haber estado del otro lado del mostrador.”

Para lograr este objetivo, se ha enviado un proyecto de ley que modifica las condiciones de acceso a la magistratura. En este sentido el Consejo de la Magistratura que es el que selecciona a los candidatos “que van a ser fiscales, jueces y defensores oficiales”. Los cambios propuestos en el proyecto de ley pretenden que los operadores de justicia “comprendan que detrás de un caso hay una o más personas.” (La idea es alejar la imagen del juez sobre un estrado y debajo de él, bastante alejado,  las personas)

Finalmente detalló que una de las modificaciones propuestas consiste en poder en pasar al examen oral aunque no se haya aprobado el escrito (porque ahí se demuestra la aptitud del candidato). Otro cambio se relaciona con la manera de tabular la entrevista del candidato con los integrantes del consejo de la Magistratura. También, se pretende poner en un plano de igualdad la antigüedad de un abogado que trabaja en el Poder Judicial con otro que es litigante.