Aumentar la superficie agrícola irrigada en la Argentina, producirá unenorme impacto positivo, no sólo sobre la producción sino también sobre el valor de la misma, conjuntamente con la creación de empleo y generación de mejores condiciones, para el desarrollo de zonas rurales. Por eso el objetivo general del estudio realizado por la FAO y PROSAP y financiado por el Banco Mundial, que se presentó en la Legislatura de Mendoza, es la identificación del potencial de la ampliación del área irrigada existente y, a su vez, la posibilidad de desarrollar nuevas áreas de riego. La charla denominada "Ampliación del potencial de riego de la Argentina y de Mendoza", fue brindada por el ingeniero Luis Loyola, especialista en infraestructura rural, recursos hídricos y riego de la FAO (Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
El Superintendente Sergio Marinelli encabezó la mesa académica montada en el Salón de los Pasos Perdidos de la Casa de las Leyes, junto a la Vicegobernadora Laura Montero y Carlos Abhiaggle en representación del Foro Diplomático.
"Es un desafío establecer mancomunadamente con los regantes, utilizando la estructura de las Inspecciones de Cauce, encontrar nuevas formas más eficientes de riego que nos permitan afrontar estas nuevas situaciones que nos propone el cambio climático.
Pero también, heredamos la nula planificación que ha tenido nuestro país y nuestra provincia, en riego, por lo que tenemos que ver la realidad de cómo gestionamos nuestros recursos hídricos. Presentaciones como estas nos llevan a planificar y hacer obras sin gastar muchos recursos en la captación o distribución sino que seamos capaces de eficientizar lo que tenemos. Es necesario también generar leyes que nazcan a partir de la discusión y consenso político, pero fundamentalmente con mucho aporte científico-técnico", aseguró elSuperintendente Marinelli.
Los resultados del estudio, muestran un gran potencial de ampliación del riego, del orden de 6,2 millones de hectareas, lo cual representa aproximadamente tres veces el área actualmente irrigada
Las propuestas señalan que se debe integrar la política hídrica a las políticas sociales, económicas y ambientales; sobre todo, fomentar la inversión privada en riego y drenaje, para su modernización, expansión y adaptación ante el cambio climático. De las conclusiones surge que es necesario reforzar aspectos tales como la asistencia técnica, capacitación, acceso a información, fortalecimiento institucional, mecanismos de financiamiento,entre otras cosas.
