A las 4.11 de la madrugada del 30 de diciembre del 2020 el Senado sancionó la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, después de más de un mes y medio de debate. En la calle, los movimientos feministas festejaron los 38 votos a favor que permitieron la aprobación del proyecto presentado ininterrumpidamente desde 2007.

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis monitorearon la aplicación de esta norma. Una primera conclusión revela que, durante el primer semestre del 2021, casi 26.000 mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar accedieron a la IVE/ILE en el ámbito público de salud y otras 5.600 fueron acompañadas en el sector comunitario. En ese período, se distribuyó la misma cantidad de misoprostol que en todo el 2020.

El informe de estas organizaciones, llamado Proyecto Mirar, advierte sobre las desigualdades en las provincias: apenas en ocho hay protocolos locales para delinear la atención a las usuarias y en muchas falta capacitación para los equipos sanitarios. Además, sectores opositores a la ley presentaron 35 denuncias ante la justicia de todo el país para impedir su implementación.

En este podcast repasamos el primer año de vigencia de la interrupción voluntaria del embarazo, con sus avances y sus desafíos pendientes.