Finalmente y ante muchos reclamos, la Legislatura de Tucumán va a sesionar la próxima semana para tratar la adhesión a la Ley Micaela, que prevé la sensibilización y capacitación en los tres poderes del Estado en temas de género.

“Un país democrático como Argentina, no puede resistir, ni demorar la adhesión de una ley que lo único que dispone es capacitación. Significaría que todos los funcionarios y el personal de los tres poderes del Estado provincial, tienen que recibir esa capacitación. Por eso resulta inexplicable que se hable de objeción de conciencia, que en este caso significaría ‘me tapo los oídos y los ojos y no quiero saber qué es objeción de conciencia de recibir una capacitación’”, opinó Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho.