Sabido es que aguarda su turno para ser tratado en revisión por la Cámara de Diputados de la Legislatura Provincial, el paquete de modificaciones a la ley de tránsito de Mendoza (6082). Se supone que la consideración comenzará en éstos días en que las P.A.S.O. ya son historia (e histeria en algunos casos…).

El interés del oficialismo provincial en la Cámara Baja, además de convertirlo en ley, pasa porque se concrete antes de fin de mes. Setiembre se presenta como “un mes electoral”.

Uno de los puntos más significativos es la intervención de los municipios. Si no aparecen cambios, las comunas deberán encargarse de la movilidad y de la creación de un cuerpo municipal de tránsito y juzgado administrativo.

El ítem hace hincapié en un cuerpo “conformado por efectivos idóneos y capacitados”, lo que supone una preparación especial de los efectivos.

Naturalmente la instrumentación no será sencilla por lo que, en la media sanción del senado, los plazos de puesta en vigencia se extendieron respecto de los originales.

Respecto de los recursos, desde el ejecutivo provincial recuerdan que, con funcionarios judiciales y provinciales, se hicieron los estudios correspondientes al financiamiento. En tal sentido, aseguran, la recaudación por multas solventarán las erogaciones. A la oposición los números no le cierran.

El punto es que, al igual que en muchas ciudades del mundo, fundamentalmente las que gozan de estatus turístico, en el futuro operarán en San Rafael una policía local, otra provincial y la Federal.

Que la municipal haga bien los deberes inherentes a temas menores de la conflictividad vial (estacionamiento frente a escuelas y accidentes sin heridos, entre otros) viabilizará que las fuerzas provincial y federal puedan abocarse fundamentalmente a la inseguridad (los robos no ceden) y lucha contra el narcotráfico.

Por Roberto A Bravo