La diputada provincial Lucía Klug (Frente de Todos) dijo que uno de los objetivos de la ley de emergencia económica, financiera y tarifaria para empresas recuperadas “evita que esas empresas la sigan pasando mal”.

La norma suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades, que ya tuvo una sanción definitiva la semana pasada.

-Creemos que la situación de desalojo es muy desesperante, además que en muchas oportunidades se dan en un contexto de mucha violencia –agregó la legisladora por la Segunda Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el registro publicado en 2020 por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay más de 400 empresas recuperadas en el país, de las cuales al menos 70 están en la provincia de Buenos Aires.

-El Ejecutivo busca además que esas empresas recuperadas sean dueñas de los lugares en los que están trabajando. Muchas veces sucede que los patrones vuelven a aparecer cuando la fábrica ya fue montada por los obreros, deslegitimando tantos años trabajando en ese lugar.

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Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

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