El defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, explicó así el tenor de las dos denuncias que se sustanció en el juicio político contra la defensora oficial de Tartagal Rosa Díaz.
En diálogo con Sin Protocolo, en Radio Nacional Salta, el funcionario afirmó que las denuncias contra la defensora habían llegado a mitad de 2020, y que ante la falta de entendimiento de un manuscrito tuvieron que dar con la denunciante, Jacoba Olarte, una mujer en estado de extrema vulnerabilidad de Zanja Honda, en General Mosconi. La mujer había denunciado a Díaz por hacerla suscribir documentos que permitieron generar un ardid para usurpar una vivienda en JV González, cuyo beneficiario sería un cuñado de la defensora.
La otra denuncia se realizó cuando el defensor subrogante, Luis Veliz, se dio con diversos expedientes que se encontraban en la Defensoría de Díaz sin movimiento alguno. Afirmó que tras una inspección se encontró un armario lleno de expedientes sin tramitar. La excusa de Díaz fue que ella entendía que los expedientes anteriores a su asunción, que fue en 2018, no eran de su jurisdicción. “Le tendría que caber una nueva denuncia por esta excusa”, dijo el Defensor.