Unas 20 mil escuelas de todo el país recibieron ayuda para sus comedores en los primeros siete meses del año, con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos sobre un monto global de casi 70 mil millones que el Ministerio de Desarrollo Social gestionó para asistir a los sectores más desprotegidos.
Los datos son parte del informe que la cartera conducida por Daniel Arroyo presentó ante el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que analizó nuevas propuestas que sirvan para garantizar el acceso a la producción de alimentos y a una dieta con calidad nutricional de los grupos vulnerables, afectados además por el impacto en el país de la pandemia de coronavirus.
Con la mirada puesta en cómo paliar las consecuencias de la Covid-19 en niños y niñas que antes de la pandemia ya vivían en situación de vulnerabilidad, la mesa del Consejo volvió a reunirse hoy a través de una videconferencia, de la que participó Arroyo; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; y referentes de la sociedad civil.
De acuerdo con el informe presentado por el ministro, fueron ejecutados 69.747 millones de pesos para asistir a los sectores más desprotegidos, de enero a julio de este año, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.
De ese total, 2.277 millones fueron compras centralizadas, 4.092 millones Fondos para provincias y municipios, 52.413 millones corresponden a Tarjeta Alimentar, 3.345 millones fueron para Comedores y Merenderos, 7.301 millones para Comedores Escolares (19.432 escuelas) y 319 millones fueron para otros destinos, detalla el relevamiento.
"En la etapa que viene vamos a trabajar en tres ejes: mejorar la calidad nutricional con transformaciones profundas, fortalecer la comensalidad en los hogares y robustecer la pequeña escala de producción de alimentos (acercando a productores y consumidores) con varias iniciativas, una de ellas el Prohuerta", adelantó Arroyo, en declaraciones a Télam.
El Consejo reúne a referentes empresariales, sindicales, académicos, sociales y de la sociedad civil. De la reunión de hoy participaron Carlos Achetoni (FAA), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Carlos Ianizzotto (Coninagro); y Daniel Funes de Rioja (COPAL).
También fueron de la partida Bernardo Afrranchino (Alianza Evangélica); Sonia Alesso (CTERA); Hugo Godoy (CTA Autónoma); Jorge Knoblovits (DAIA); Juan Martins (Bolsa de Cereales); moseñor Carlos Tissera y Diego Tipping (Cruz Roja); y los sacerdotes Pepe Di Paola y Paco Oliveira.
Otros asistentes fueron Estela Carlotto, Hilda Chiche Duhalde, Marcelo Tinelli; los representantes de organizaciones sociales Esteban "Gringo" Castro y Juan Carlos Sanchetta; los diputados Carmen Polledo, Paola Vesvessian y Pablo Yedlin.
Estuvieron, además, el ministro provincial de Desarrollo Social Andrés Larroque; los intendentes Jorge Macri y Juan Zabaleta; y rectores de universidades nacionales.
La mesa del Consejo tiene entre sus prioridades anticipar el "impacto de la pandemia en la niñez" y profundizar políticas que aseguren una rápida llegada a esos grupos más débiles, tras haberse conocido un informe difundido días atrás por Unicef Argentina, que pronosticó que a fin de año el 63 por ciento de los niños serán pobres.
Desde hoy, el Consejo avanzará en un esquema de reuniones mensuales y segmentará su trabajo en tres mesas diferenciadas para abordar: calidad nutricional, producción de alimentos e integralidad territorial.
El Plan Argentina contra el hambre, que encabeza Desarrollo Social, es una convocatoria del Gobierno para "unir a toda la sociedad en un acuerdo básico: Que todos tengan acceso a una alimentación sana y de calidad".
El primer instrumento del plan es la Tarjeta Alimentar, puesta en marcha en la primera semana de gobierno y distribuida a madres y padres con hijos menores de 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad, beneficiarios también de la AUH.
"La Tarjeta Alimentar permitió llegar a 1,5 millones de titulares y alcanzó a 2,8 millones de niños y niñas; con ella se invierten 7.000 millones de pesos mensualmente (de enero a julio último alcanzó a 52.400 millones de pesos)", señaló el informe presentado por Arroyo.
También Desarrollo Social consignó que "se le dio continuidad al financiamiento para sostener el Programa Pro-Huerta, transfiriéndose durante los dos primeros trimestres de 2020 unos 270 millones de pesos".
Además, se iniciaron trabajos con las provincias para definir la transferencia de fondos para financiar proyectos que mejoren el acceso a los alimentos a personas con diagnóstico de enfermedad celíaca en situación de vulnerabilidad social (hasta ahora fueron invertidos 49 millones de pesos).
En la reunión se explicó que la emergencia trastocó los tiempos del Plan Argentina contra el Hambre, pero los representantes del Gobierno tienen por objetivo, a partir de ahora, avanzar con esquemas de "producción de alimentos" y con fórmulas que permitan garantizar "una mayor calidad nutricional" de la asistencia.
La primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre había sido encabezada por el Presidente el 20 de diciembre de 2019, apenas 10 días después de asumir el Gobierno.
