En Pase lo que pase, Darío Villarruel dialogó con el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, acerca de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que la investigación por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri siga en los tribunales de Comodoro Py, al declarar la competencia del fuero porteño por sobre el de Lomas de Zamora.

En ese sentido Valdés se preguntó cómo se posicionarán los propios integrantes del PRO que fueron espiados durante la gestión de Gustavo Arribas tras su designación par parte del entonces presidente Mauricio Macri al frente de la Agencia Federal de Inteligencia.

Asimismo aseguró que "la Cámara Federal de Casación Penal juega a que no se investigue", consideró que "estamos ante el fin de un ciclo" en materia judicial, y habló de una "corporación que está llegando al fin de su época".

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Con esta decisión del máximo tribunal penal federal del país, las dos causas abiertas por presunto espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria, por un lado, y a políticos, funcionarios, referentes sociales y detenidos en cárceles federales, por otro, quedarán a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Además, las decisiones tomadas en primera instancia que hasta ahora revisaba la Cámara Federal de La Plata con jurisdicción sobre Lomas de Zamora serán analizadas desde ahora por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires con sede en Comodoro Py 2002.

La resolución que dejó fuera de la investigación al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, se tomó por mayoría con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de la tercera integrante de la sala IV de Casación, Ángela Ledesma.

Ledesma postuló en minoría que la pesquisa debía continuar a cargo del juzgado de Augé por "motivos se vinculan con una mejor y más eficiente administración de justicia, teniendo en cuenta el avance logrado hasta el momento en el caso" y "la naturaleza compleja de los hechos".

Sin embargo, sus colegas Borinsky y Carbajo hicieron lugar a planteos de acusados en la causa, como el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su exsegunda Silvia Majdalani, a los que adhirieron los querellantes jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En el fallo se remarcó que la resolución del conflicto de competencia entre los tribunales de Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires "no implica, de ningún modo, invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación" o "desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora".

En esa línea, Casación convalidó allanamientos hechos por el juez de Lomas al domicilio del imputado Dario Nieto, que habían sido cuestionados por su defensa del exsecretario privado del expresidente Mauricio Macri.

La nueva jueza de la causa, Capuchetti, deberá resolver situaciones procesales de Arribas y Majdalani, entre otros, ya indagados por Augé.

A la hora de justificar su decisión, Borinsky y Carbajo sostuvieron que "el núcleo del espionaje ilegal investigado" habría sido la ciudad de Buenos Aires.

"De la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados", con "algunas ramificaciones" en el conurbano bonaerense.

Los dos camaristas aludieron a la necesidad de que se haga una "investigación conjunta" de todas las denuncias por espionaje ilegal en las que están imputados Arribas y Majdalani, y otros acusados.

Al ser citados a indagatoria, tanto Arribas como Majdalani se negaron a responder preguntas por considerar que Augé no era el juez natural del caso, que según ellos debía investigarse en la justicia porteña.

El conflicto por la competencia se planteó entre la sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py y la justicia de Lomas de Zamora, ante reiterados planteos del primer tribunal para que Augé se aparte del caso, que fueron rechazados por el magistrado.

La postura de Augé fue respaldada por la Cámara Federal de La Plata, su superior y el conflicto por la jurisdicción de la causa quedó planteado entonces ante Casación.

El fiscal ante esa instancia, Raúl Plée, había dictaminado a favor del pase de las causas a los tribunales de Comodoro Py 2002 en el barrio porteño de Retiro, como reclamaban los acusados.