La justicia federal y el Consejo de la Magistratura recibieron hace más de un mes distintas presentaciones que les habilitan a investigar si se cometieron delitos o existieron situaciones irregulares alrededor del viaje al Lago Escondido que protagonizaron jueces federales, empresarios de medios de comunicación, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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El abogado Marcelo Hertzriken Velasco presentó una denuncia ante la fiscalía federal de Bariloche para que se investigue la posible comisión de delitos como la "admisión de dádivas, tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales y violación de deberes de funcionarios públicos".

"Esto que se evidenció lo venía viendo en perspectiva desde hace 14 años", dijo tras afirmar que "el fuero federal merece ser derogado porque importa en la práctica una agencia de tráfico de influencias".

La denuncia fue presentada ante la fiscal federal interina de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien aparecía mencionada en los chats filtrados como una magistrada que había tomado contacto con miembros del grupo ahora denunciado y estaba dispuesta a dar los pasos necesarios para cerrar la causa o enviarla a la Capital Federal, aunque ella lo desmintió.

El viaje de los jueces al sur también desencadenó dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura: una la presentó el mismo abogado Hertzriken Velasco el 21 de octubre y la otra el abogado Luciano Ortiz Almonacid cuatro días mas tarde; pero ninguna fue sorteada todavía.

La filtración de los chats, originada supuestamente en el hackeo al teléfono celular de algunos de los protagonistas de aquel viaje, también generó denuncias ya que al menos dos presentaciones fueron realizadas ante los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para que se investigue un posible hackeo.

La denuncia, que en los tribunales federales de CABA se le atribuyó a uno de los jueces que integran el grupo de que se desplazó hasta Lago Escondido, recayó por sorteo en el juzgado federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo, mientras que el fiscal será Ramiro González.

En las próximas horas se sumará una denuncia más porque el presidente Alberto Fernández anunció por cadena nacional que instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que denuncie penalmente a quienes presuntamente realizaron el viaje a Lago Escondido en octubre pasado.

El anuncio del Presidente se produjo luego de que ayer el diario Tiempo Argentino y el portal de Internet El Cohete a la luna publicaran sendas notas, basadas en una filtración presuntamente realizada por un hacker que vulneró una línea de celular, en las que se daba cuenta de como los supuestos participantes del viaje al sur coordinaron a través de un chat Telegram una estrategia para instalar una versión falsa sobre aquel viaje.

El intercambio de mensajes a través de un supuesto grupo de chat involucra a Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por el matutino Página/12 en su edición del 17 de octubre.

Pase lo que pase, lunes a viernes de 7.00 a 9.00

Con Darío Villarruel, Sofía Muschetto y Jorge Vaccaro.