La intendenta de Zapala Soledad Martínez tomo la decisión ya que consideró que eran normas que restringían derechos a una cantidad importante de personas. Una de las normas congelaba el ingreso a planta permanente municipal y Martínez consideró que, de estar vigente, no podrían cumplir con el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad.

La otra medida impedía la posibilidad de que trabajadores de la municipalidad bajo la modalidad de contratación política no pudieran acceder a pedir un terreno. “Es una ordenanza que conculca derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos de Zapala”, según expresó la intendenta.