La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó realizar un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone donde fue interceptado Facundo Astudillo Castro el 30 de abril pasado y secuestrar los teléfonos de los policías que estuvieron con el joven antes de su desaparición, horas después de que los fiscales recusaran a la jueza de la causa por pérdida de imparcialidad. En Ahí vamos, el abogado de la familia del joven, Luciano Peretto, detalló el estado actual de la causa y reiteró estar convencido de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo. "Por la cantidad de pruebas que hay, es una causa en la que ya deberíamos tener las primeras imputaciones. Lo ahogaron de manera violenta por asfixia por sumersión", sostuvo.

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El fallo de los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el MPF y revocó parcialmente la decisión de la jueza Federal 2 de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre rechazó medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y la querella.

De esta manera, los jueces ordenaron realizar un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los teléfonos, tanto personales como oficiales, de los efectivos que tuvieron contacto con el joven antes de su desaparición, informó esta tarde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En tanto, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza Marrón por considerar que perdió la imparcialidad que debe tener para llevar adelante la causa y solicitaron que se declare nula su decisión de ordenar de oficio una medida de prueba, ya que los funcionarios judiciales entienden que se trata de una intromisión en las facultades privativas de los fiscales.

Los fiscales habían ordenado en octubre pasado un estudio de mareas sobre el estuario donde fue hallado el cuerpo del joven, en el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre pasados.

Según informó el (MPF) en su sitio institucional www.fiscales.gob.ar, el martes de la semana pasada el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (Cerzos) presentaron un informe, el cual de acuerdo a Azzolin y Heim presentaba irregularidades formales, por lo que el viernes pasado encomendaron la realización de uno nuevo.

Ese mismo martes, el IADO presentó otro documento, de características inusuales para los fiscales, ya que se trataba de un trabajo de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes, y a su vez, sostenía una hipótesis y arribaba a conclusiones que no habían sido solicitadas.

A su vez, el miércoles pasado la jueza Marrón ordenó al IADO otro estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, al considerar que era complementario de la autopsia que ella había ordenado, al tiempo que señaló que esa solicitud no implicaba reasumir la instrucción del caso.

Ante este requerimiento, Azzolin y Heim consideraron que esa decisión de la magistrada era nula y así lo solicitaron en una presentación, en la que argumentaron que “en el marco de la instrucción delegada le está velado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público (…) y violan el debido proceso”.

Asimismo, señalaron como equivocada la mención de la jueza de que tal decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario, ya que por el contrario entendieron que cuando un magistrado obra de esa forma, en los hechos está tomando a su cargo la investigación del caso.

Además de la nulidad, los fiscales plantearon que la decisión de Marrón de forzar la realización de ese estudio implicaba cristalizar su postura sobre el hecho, es decir, que Astudillo Castro falleció ahogado de forma accidental luego de intentar cruzar a pie el estuario de Bahía Blanca.

A raíz de ello, Azzolin y Heim sostuvieron que esa actitud implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y solicitaron su apartamiento de la causa.

Facundo fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro en plena cuarentena por el coronavirus rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia, con quien había discutido.

Tras ser interceptado por la policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, nada más se supo de él hasta el 15 de agosto, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Su madre y abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo, quien, según la autopsia, sufrió una muerte por asfixia por sumersión.