El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ordenó volver a allanar el penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal contra exfuncionarios detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

La orden está vinculada con la sospecha de que durante el gobierno de Cambiemos se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos y luego poner esa información a disposición de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El magistrado dispuso que las medidas, que alcanzaron también al departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Análisis del SPF, entre otros lugares, sean llevadas adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

El juez ordenó que se secuestre “toda documentación” y “cualquier tipo de anotación”, en el formato que fuere, relacionada con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta y Carlos Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez (que aún sigue detenido) y Cristobal López, entre otros.

La orden fue dispuesta a instancias de los fiscales que tienen delegada la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes señalaron que en el expediente existe evidencia “para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC, que principalmente incluyó a exfuncionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción”.

“Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”, indicó el juez Auge en la resolución en la que dispuso los allanamientos.

Los fiscales habían asegurado en su intervención que, posiblemente, funcionarios públicos que ocuparon las máximas jerarquías dentro del Servicio Penitenciario Federal –y que ya fueron desplazados- habrían desplegado las acciones ilícitas, valiéndose del aparato estatal que les tocaba dirigir, constituyéndose así como una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones.

En la causa, se investiga "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".